Sin Medias Tintas.
Nada que ver, dicen.
Omar Alí López / 2026-05-05
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Vemos hoy una vieja e infalible estrategia política: cuando la realidad golpea, se niega; cuando la evidencia incomoda, se desacredita; y cuando el escándalo rebasa fronteras, se invoca la soberanía como si fuera un escudo moral.
Hoy, la transformación está exactamente ahí.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a nueve funcionarios mexicanos —incluido un gobernador (hoy con licencia)— de colaborar con el cártel de Sinaloa. La acusación señala al gobernador de ese estado, Rubén Rocha Moya, entre otros. No se trata de un rumor de pasillo ni de una filtración periodística, sino de una acusación formal, judicial, con implicaciones penales que podrían derivar en cadena perpetua.
Pero aquí, en México, la respuesta no fue la indignación ni la apertura de una investigación autónoma, rigurosa y urgente. Fue otra cosa: la negación.
"Nada que ver", dicen.
La reacción del gobierno de la transformación no sorprende, pero sí retrata su lógica interna con exactitud. Frente a una acusación externa, el reflejo no es revisar, sino cerrar filas. No es investigar, sino defender. No es dudar de los propios, sino dudar del mundo.
El gobierno ha puesto en duda la solidez de las pruebas y ha sugerido, sin demasiados rodeos, que el trasfondo de la acusación es político. Es la jugada conocida de convertir al acusador en sospechoso. Si no puedes refutar el fondo, cuestiona la intención.
Pero hay algo que no encaja.
Estados Unidos no suele acusar a funcionarios de alto nivel de un país aliado a la ligera. Menos aún en temas de narcotráfico, donde cada palabra en una acusación federal pasa por filtros jurídicos, diplomáticos y de inteligencia. ¿Se equivocan? Sí, ha pasado. ¿Fabrican casos? Es discutible. ¿Arriesgan una crisis bilateral sin elementos sólidos? Eso ya no es tan fácil de sostener.
Pero la respuesta mexicana no ha sido exigir pruebas con firmeza jurídica y serenidad institucional. Ha sido envolver el caso en la bandera.
La soberanía, ese concepto que debería proteger la dignidad del Estado, ha sido utilizada como argumento de conveniencia. No para garantizar un proceso justo, sino para evitar uno incómodo. Porque una cosa es defender la jurisdicción nacional, y otra muy distinta es usarla como refugio político. Y es precisamente desde ese refugio desde donde la transformación enfrenta hoy su contradicción más costosa.
Un movimiento que construyó su legitimidad sobre la promesa de erradicar la corrupción estructural del Estado se enfrenta ahora a su prueba más incómoda: aplicar esa promesa cuando toca a uno de los suyos.
El mensaje implícito de la respuesta oficial es inquietante. Si la acusación viene de fuera, no vale; si afecta a los nuestros, se duda; y si compromete el relato, se desacredita.
Mientras tanto, el fondo del asunto permanece intacto: la posibilidad de que el crimen organizado no solo infiltre, sino que dialogue, financie o incluso condicione estructuras de poder. No es una teoría conspirativa. Es una hipótesis que cambiaría por completo la narrativa oficial de combate a la corrupción.
Combatir la corrupción no es un discurso, sino una práctica. Y esa práctica se prueba en los momentos difíciles, no en los cómodos.
El gobierno tuvo la oportunidad de demostrar que su compromiso era real y no selectivo. Eligió el camino más sencillo y más conocido: resistir, negar, acusar al exterior y cerrar filas hacia adentro.
La historia reciente está llena de gobiernos que recorrieron ese mismo camino. Todos terminaron atrapados en sus propias versiones, defendiendo lo que ya no tenía defensa y pagando el costo político —y a veces penal— años después.
La pregunta no es si Estados Unidos tiene razón. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a averiguarlo.
Porque cuando un gobierno deja de investigar por proteger, deja de gobernar para justificar.
Y entonces, sí, ya no hay nada que ver.
Solo lo que nadie quiere mirar.
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