La transformación también se factura

Omar Alí López /    2026-05-23
Publicar en:  

Falta más de un año para que legalmente arranque el proceso electoral rumbo a la gubernatura de 2027 en Sonora, pero la competencia interna de Morena comenzó desde diciembre de 2025. No oficialmente, por supuesto. En nuestro país casi nada importante ocurre oficialmente. Las campañas empiezan mucho antes de las campañas y los candidatos existen mucho antes de llamarse candidatos. La ley establece que los actos de precampaña y campaña tienen tiempos específicos y que los actos anticipados son sancionables cuando buscan posicionar aspiraciones políticas fuera del calendario legal. Pero desde el “no me vengan con que la ley es la ley”, basta con cambiarle el nombre a la campaña. Ya no son estructuras electorales; ahora son "comités de organización", "promotores de la transformación" o "enlaces territoriales". Esos famosos eufemismos ambiguos para operar políticamente. Morena lleva meses desplegando estructuras territoriales en los municipios con mayor peso electoral. Y como todo movimiento político moderno, el amor a la patria viene acompañado de nómina. Tomemos como referencia las ocho ciudades grandes: Hermosillo, Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado, Navojoa, Guaymas, Agua Prieta y Caborca, estos concentran la mayor parte de la lista nominal. En Hermosillo, mis fuentes aseguran que Javier Lamarque cuenta con 200 promotores y 10 coordinadores. Si cada promotor recibe -en efectivo, claro- 1,500 pesos semanales y cada coordinador 2,500, la operación semanal nos da 325 mil pesos. Si ese esquema se replica proporcionalmente en las otras siete ciudades, ajustando por tamaño electoral, el resultado aproximado sería de 820 promotores y 41 coordinadores, con un costo semanal cercano a 1,332,500 pesos. Entonces, el acumulado entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, seis meses de "trabajo territorial ciudadano", rondaría los 34.6 millones de pesos. Ah, pero si se incorpora la estructura de Lorenia Valles, más pequeña pero igualmente activa, y se estima una operación equivalente al 75% de la anterior, el costo adicional superaría los 25.9 millones. La cifra combinada es de más de 60 millones de pesos invertidos antes de que exista legalmente una precampaña. Y eso sin contar gasolina, logística, brigadas digitales, renta de inmuebles, eventos "informativos", tacos del bienestar, encuestas ni toda la economía paralela que rodea al proceso. El cálculo es frío, pero la pregunta que genera es más incómoda que los números. Y aquí viene lo que nadie quiere responder: ¿de dónde sale ese dinero en efectivo? Los promotores no trabajan por fervor ideológico y la gasolina no se paga con principios republicanos, ni los operadores territoriales aceptan capital moral como pago. Y, claro, no hay reportes formales de gastos porque, oficialmente, no existen. Todos sabemos que hay precampaña, pero jurídicamente nadie está haciendo campaña. Lo relevante el asunto no es que sea excepcional, sino que es ilustrativo. Hablamos de millones de pesos en efectivo que curiosamente nadie detecta. Y ahí radica el verdadero triunfo del sistema político transformador: lograr que decenas de millones de pesos en efectivo circulen en operaciones ilegales mientras el discurso oficial sigue hablando de austeridad republicana. Porque al final la transformación sí cuesta. Y bastante.