Imputa FGJES a José Ángel “N”, alias “El Piri” y/o “El Górgoro”, la desaparición de dos personas en Altar
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Altar, Sonora, 27 de octubre de 2025.-* La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación de José Ángel “N”, conocido como “El Piri” y/o “El Górgoro”, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de personas cometida por particulares en número de dos, derivado de hechos ocurridos el pasado 1 de mayo, en el municipio de Magdalena de Kino.
Durante la audiencia de control de detención, el Agente del Ministerio Público presentó datos de prueba que señalan que el imputado habría engañado a las víctimas Santana “N” y Juan Valentín “N”, solicitándoles en Altar transporte hacia Magdalena de Kino, a bordo de un vehículo Dodge Charger color negro, modelo 2013, con placas del estado de Durango, propiedad de una de las víctimas.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, una vez en Magdalena, el señalado presuntamente entregó a las víctimas a otros sujetos, quienes desde entonces las mantienen privadas de la libertad y ocultas.
Las últimas comunicaciones conocidas de Santana “N” ocurrieron entre las 16:00 y 20:00 horas del mismo día, cuando envió mensajes y videos a su familia desde su teléfono celular, cuyo registro de ubicación fue detectado en Magdalena de Kino y Santa Ana, Sonora.
La FGJES estableció además que José Ángel “N” mantenía un vínculo familiar con una de las víctimas, ya que fue esposo de una sobrina de Santana “N” durante aproximadamente ocho años, lo que refuerza las líneas de investigación en curso sobre la relación de confianza que facilitó los hechos.
En la audiencia, el Juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada y concedió la ampliación del término constitucional a 144 horas para resolver la vinculación a proceso del imputado, con el objetivo de permitir la integración de mayores elementos de prueba.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) mantiene abiertas las investigaciones para establecer el paradero de las víctimas y detener a los posibles coautores, reiterando su compromiso institucional de aplicar la ley con rigor técnico y garantizar el derecho de las familias a conocer la verdad sobre sus seres queridos.
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