Presentan legisladores de oposición resumen de violaciones a la Ley Orgánica en el Congreso de Sonora

Especial /    2026-02-26
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Hermosillo, Sonora; 26 de febrero de 2026.– Las diputadas Gabriela Félix Bojórquez e Iris Sánchez Chiu, así como los diputados Manuel Scott, Juan Pablo Arenivar y Emeterio Ochoa, todas y todos de oposición al partido Morena y partidos aliados, informaron este jueves la interposición de un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales ante el Tribunal Estatal Electoral, así como la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción y una denuncia administrativa ante la Contraloría Interna del Poder Legislativo, al considerar que la mayoría parlamentaria ha vulnerado de manera sistemática la Ley Orgánica del Congreso del Estado e impedido el ejercicio pleno del cargo legislativo.

Durante la rueda de prensa, la legisladora Gabriela Félix Bojórquez, de Movimiento Ciudadano, explicó que estas acciones no obedecen a intereses partidistas, sino a la defensa institucional del Poder Legislativo y al respeto de las reglas que garantizan el debate democrático. Señaló que, al cumplirse la mitad de la legislatura, realizaron un balance que arrojó quince procesos en los que se ha violentado el procedimiento legislativo.

“Somos diputadas y diputados de oposición y hay temas que nos unen para poder caminar en estas acciones. Hemos registrado quince procesos que violentan la Ley Orgánica del Poder Legislativo”, declaró la legisladora.

Recordó que el primer antecedente ocurrió el 12 de septiembre de 2024, cuando se adelantó la discusión de la Reforma Judicial Federal utilizando el apartado de “Asuntos Generales”, pese a que estaba programada para otra sesión. Explicó que el dictamen no fue entregado con las 48 horas de anticipación que exige la ley, que no hubo socialización parlamentaria y que ya en el Pleno se negó el voto nominal y el debate en lo particular.

“Eso es violatorio, porque no se puede meter en asuntos generales un dictamen que no fue entregado cuarenta y ocho horas antes”, sostuvo.

También denunció la alteración de la Gaceta Parlamentaria al reutilizarse un mismo folio para distintos asuntos.

Posteriormente, el diputado Manuel Scott, de Movimiento Ciudadano, subrayó que lo ocurrido no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que se ha ido normalizando en la legislatura. Recordó que ese mismo 12 de septiembre se aprobó la Ley de Protección y Bienestar Animal sin dictamen de impacto presupuestario ni socialización parlamentaria real, y que posteriormente se modificó la Ley Orgánica para que reformas constitucionales dejaran de pasar primero por comisión.

“Se normalizó legislar sin discusión y votar ‘fast track’, perdiendo la esencia del parlamento”, expresó el diputado.

Además, señaló que el 30 de octubre se convocó a sesión con apenas once minutos de anticipación mediante correo electrónico, lo que impide revisar documentos y analizar dictámenes con responsabilidad.

Por su parte, el diputado Juan Pablo Arenívar, del Partido Acción Nacional, explicó que el problema también se refleja en la integración de las comisiones legislativas, donde no se respetó el principio de pluralidad establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica.

Indicó que existen al menos 10 comisiones sin representación de oposición, lo que limita el debate interno y excluye voces que representan a una parte importante de la ciudadanía.

“Se necesita pluralidad, alguien que cuestione y represente a quienes no piensan igual. Cuando se excluye a la oposición, se afecta la representación de las y los sonorenses”, enfatizó.

En tanto, la diputada Iris Sánchez Chiu, del Partido Revolucionario Institucional, explicó que una de las principales preocupaciones es el funcionamiento de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política(CRICP).

Señaló que, bajo una interpretación restrictiva del artículo 109 de la Ley Orgánica, se ha utilizado la figura de “acordar” como si fuera un permiso de mayoría para decidir qué temas pueden llegar al Pleno.

“La CRICP debe ser un espacio de coordinación plural, no un filtro político. Hoy, si la mayoría no quiere, el tema no se integra y no llega al Pleno. No nos derrotan en votación: nos impiden presentar”, afirmó la diputada.

En ese contexto, la oposición explicó que el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales busca que el Tribunal determine si se está vulnerando el derecho a ejercer plenamente el cargo legislativo al impedir que iniciativas sean incluidas y discutidas en el Pleno.

Finalmente, el diputado Emeterio Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional, detalló que además del juicio electoral se presentaron denuncias en la vía penal y administrativa relacionadas con la publicación de la Ley de Ingresos del Municipio de Hermosillo 2026.

Explicó que el texto publicado en el Boletín Oficial no coincide con el aprobado por el Pleno, ya que se incorporó un párrafo que no fue discutido ni votado.

“El Pleno es el órgano máximo de decisión. Lo que se vota es lo que debe publicarse. Si el texto que aparece en el Boletín Oficial no coincide con el aprobado, estamos ante una posible alteración que debe investigarse”, sostuvo el legislador.

Añadió que por ello acudieron tanto a la vía penal como a la administrativa, con el objetivo de que se determine si hubo un ejercicio indebido de atribuciones en el proceso de publicación.

“Las leyes no pueden cambiar entre la votación y la publicación. Si eso se normaliza, se rompe la certeza jurídica”, concluyó.

Las y los legisladores reiteraron que estas acciones buscan corregir el rumbo institucional en la segunda mitad de la legislatura y garantizar que el Congreso del Estado funcione conforme a su propia ley.

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