Impulsan diputados de Morena iniciativa para garantizar el derecho a la movilidad de niñas, niños y adolescentes en Sonora
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Hermosillo, Sonora, 3 de junio de 2026.– Para garantizar la movilidad y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes sin obstáculos derivados de la falta de consentimiento legal, la diputada Deni Gastélum Barreras y el diputado Sebastián Antonio Orduño Fragoza propusieron adiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora.
La diputada Deni Gastélum Barreras explicó que la iniciativa establece mecanismos ágiles, seguros y con perspectiva de interés superior de la niñez, que permitan sustituir el consentimiento en casos debidamente justificados.
“La presente iniciativa hace referencia a una negativa injustificada; esto quiere decir que quien esté obstaculizando la movilidad de la niña, niño o adolescente deberá justificar su decisión. En caso contrario, se podrá acudir a estos mecanismos que garanticen el derecho a la movilidad y, en los casos necesarios, atendiendo al principio de convencionalidad, se promoverá el principio de escucha de las infancias y adolescencias”, señaló.
Resaltó que la iniciativa no busca eliminar los controles de protección parental, sino fortalecerlos mediante procedimientos administrativos o judiciales que eviten la restricción indebida de derechos, siempre priorizando la seguridad física y emocional de la niñez.
Por su parte, el diputado Sebastián Orduño Fragoza mencionó que la iniciativa contempla que las instituciones de protección a la infancia puedan emitir autorizaciones provisionales en casos urgentes, notificando posteriormente a la autoridad judicial competente, con el fin de agilizar los procesos sin poner en riesgo el interés superior de la niñez.
Además, prevé la posibilidad de establecer sanciones en casos de obstaculización sistemática o maliciosa del ejercicio de estos derechos, bajo principios de proporcionalidad y protección integral.
El legislador destacó que entre los beneficios de la propuesta se encuentran la prevención de riesgos como la trata de personas o la sustracción de menores, así como el fortalecimiento del acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud, la identidad y la reunificación familiar, en concordancia con instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.
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