Nos está quedando un país de exquisita sensibilidad jurídica, porque si el señalado es cercano al oficialismo, aparecen catedráticos del debido proceso; si alguien incomoda al gobierno, aumenta el entusiasmo por investigarlo. Para los propios, presunción de inocencia; para la oposición, presunción de insolencia. En Veracruz, un profesor pidió a sus alumnos representar en un mapa el recorrido de la casa a la escuela, y madres de familia lo increparon y presentaron una denuncia ante la Fiscalía por posible acoso. Lo que sorprende no es la denuncia, sino la respuesta institucional de separar al docente de su cargo por lo pronto, aunque esa tarea en particular venga en los libros desde décadas atrás. En los juzgadores también hay motivos para el desconcierto. El juez Edgar Meza acudió al acto presidencial del Zócalo vestido de guinda y anunciándose como «juez del bienestar». Así que el ciudadano que demande al gobierno tendrá que confiar, desde luego, en que la camiseta se quede en el guardarropa. La disciplina alcanza, entretanto, a quienes resolvieron contra proyectos del gobierno. Hay jueces que merecen sanción, y ningún cargo exime de rendir cuentas. Pero llama la atención quiénes aparecen en la lista. Martha Magaña compareció ante el Tribunal de Disciplina Judicial por la suspensión que concedió en 2024 contra el proceso legislativo de la reforma judicial. Se le atribuye ineptitud o descuido; ella sostiene que castigan su criterio jurídico. A María Citlallic Vizcaya Zamudio, jueza de Zacatecas, la suspenden por admitir un amparo y conceder una suspensión provisional también contra la reforma judicial. Resulta caro oponerse al oficialismo.  Un juez no es oposición por conceder un amparo contra el gobierno, y si la disciplina se usa para castigarlo por eso, estaríamos ante una forma muy refinada de obediencia debida. La cautela, sin embargo, adquiere otro brillo cuando se trata de Rubén Rocha Moya, pues  pese  a  que  la  Fiscalía  del  Distrito  Sur  de  Nueva  York  lo  acusó  de  delitos relacionados con narcotráfico y armas, conserva la presunción de inocencia y, de acuerdo con la FGR, no hay elementos mínimos en su contra.  Tampoco encontró nada la FGR sobre Andy López Beltrán y Amílcar Olán, aunque se haya exhibido la red de  huachicol fiscal  donde aparecen —que según Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad  le ha costado al país más de ¡3 billones de pesos!—,  se  hayan  difundido  grabaciones  donde  presumen  nexos  con  el  crimen organizado y se hayan revelado contratos por miles de millones de pesos en supuestas obras y entregas realizadas al gobierno. Da gusto que el oficialismo conozca las garantías constitucionales. Sería todavía mejor que dejara de administrarlas como prestaciones exclusivas de sus allegados. El rigor que se reclama para examinar una resolución incómoda debería alcanzar también las explicaciones de los compañeros. Sobre el exsecretario de Marina Rafael Ojeda, la FGR aseguró que no había carpeta en su contra y que no se logró localizarlo para notif carle un citatorio como testigo. Cuesta 

entender que encontrar a quien dirigió la Marina resulte tan complicado. A lo mejor necesitan pedirle un croquis al maestro. Ahí está el recorrido: del profesor expuesto en redes a las juezas bajo investigación, y de  ahí  a  los  cercanos  al  poder,  para  quienes  nunca  sobra  una  explicación tranquilizadora. La obligación debería ser esclarecer todos los casos con el mismo rigor, porque cuando la ley sirve de escudo a  los propios y de garrote a quienes incomodan, empieza a parecer un servicio de protección partidista. ¿Y dónde quedó el Derecho?, diría el maestro Lara L. Que lo busquen en el mapa, porque el recorrido ya no va de la casa a la escuela, sino de los juzgados incómodos a la casa de los amigos del poder.