¿Sánchez Cerezo en el Congreso del Estado?

Arturo Soto Munguía /    2026-07-06
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Ustedes son muy jóvenes para recordarlo, pero un día de abril de 1992, en uno de los momentos más álgidos del movimiento estudiantil universitario que por aquel entonces se oponía a la imposición de la Ley 4 (derogada hace un par de años) que regía la vida interna de la Universidad de Sonora, salió desde el edificio de Rectoría la que fuera una de las más nutridas movilizaciones que registró ese movimiento.

 

El rector Marco Antonio Valencia Arvizu, que despachaba fuera de sus oficinas porque el edificio principal se encontraba tomado por los estudiantes, intentó regresar a su despacho escoltado por varios de sus funcionarios y otros tantos agentes de las policías municipal y estatal, vestidos de civiles.

 

Se armó la rebambaramba. Hubo jaloneos, empujones, mentadas… un zafarrancho en el que el rector fue sacado materialmente en peso del campus. Adentro, estudiantes, maestros y empleados se reagrupaban para determinar cómo enfrentar ese día de cuchillos largos. Afuera, se preparaba la represión.

 

Los ánimos estaban muy caldeados en la Universidad, pero el CEUS (Consejo Estudiantil de la Universidad de Sonora), la organización que había plantado cara al gobierno de Manlio Fabio Beltrones y había pasado por cualquier cantidad de amagos y hostigamientos decidió que había que marchar hacia Palacio de Gobierno para buscar un diálogo con el gobernador.

 

La marcha quizás no hubiera sido tan nutrida, pero a alguien en Palacio se le ocurrió que sería muy buena idea cortar el suministro de agua potable a la Máxima Casa de Estudios, acaso para provocar una dispersión de los estudiantes rumbo a sus casas. Resultó contraproducente. Que el gobierno los dejara sin agua molestó incluso a los estudiantes que no estaban a favor del movimiento del CEUS y terminaron integrándose a la marcha rumbo a Palacio.

 

Hasta aquellas oficinas de la sede del poder político estatal, llegó la versión de que la marcha llevaba el objetivo de tomar el Palacio, lo que para la clase política gobernante sería inadmisible. Y entonces, el operador político de cabecera de Manlio, el patibulario Roberto Sánchez Cerezo (así lo definió por aquellos años un académico del Colegio de Sonora, lo cual le costó la plaza y el destierro, pero ya puedo citarlo porque 30 y tantos años después, Sánchez Cerezo está lejísimos de los espacios de poder que detentaba a veces con saña) tuvo la genial idea de armar un montaje que el mismísimo Loret de Mola envidiaría en sus tiempos de amasiato con García Luna.

 

Esto lo supe muchos años después, por boca de un amigo que estuvo cerca de este episodio, allí mismo en Palacio.

 

En alguna de las oficinas del segundo piso de Palacio, Sánchez Cerezo ordenó la quema de varios kilos de periódicos para generar una pequeña columna de humo que justificara el llamado a los bomberos y la policía, de manera que en el cruce del bulevar Rosales y la avenida Serdán se instaló un fuerte dispositivo de agentes estatales y municipales con la consigna de impedir el paso de la marcha.

 

Hubo madrazos, corretizas, apañones, y la marcha terminó replegándose, porque tampoco era cosa de enfrentar a agentes armados. La policía detuvo a algunos estudiantes, a un profesor y hasta a un activista del movimiento urbano popular que andaba por allí de solidario, presumiendo su rizada cabellera, de la que fue despojado una vez en el Cereso, a donde se los llevaron y sometieron a métodos de tortura física y sicológica.

 

Esa misma mañana se decidió formar una comisión de estudiantes, integrada mayoritariamente por mujeres, para ir a Palacio a negociar la liberación de los detenidos, que fueron devueltos por la noche, en la plaza Emiliana de Zubeldía, asustados, golpeados y, en el caso del activista urbano-popular, rapado.

 

Eran tiempos aciagos, de represión y alarde del poder priista. Sobre este episodio hay más versiones, pero esta es la que tengo desde la experiencia de haber estado allí.

 

Pero fue inevitable no recordarla ahora que en el Congreso del Estado, se activó la alarma de incendio provocando la movilización del cuerpo de bomberos, de Protección Civil y de las policías estatal y municipal para llegar a la sede del Poder Legislativo y, bajo esa ‘emergencia’, desalojar el plantón que desde hace meses mantenían integrantes de una organización conocida como Covafam, que agrupa a directivas y empleadas de guarderías que reclaman el pago de dos millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2023 que no les han sido entregados, así como al abogado de ese grupo, quien desde hace 76 días mantiene un ayuno intermitente, con sus más de 80 años a cuestas.

 

Me dirán que entre aquel caso de la Unison y este hay muchas diferencias y tendrán razón. Aquí no ha habido detenidos, golpeados ni mucho menos rapados. Las demandas son completamente distintas y asumo, sin prejuzgar, que el conflicto tiene una naturaleza de otra índole y protagonistas de otra filiación.

 

Lo único que me llama la atención son los métodos para abordar el conflicto. Después de más de dos meses con el Congreso ‘tomado’, se activa la alarma de incendio, se movilizan los cuerpos de seguridad y al final se desaloja el plantón, reubicándolo fuera del perímetro de la sede del Poder Legislativo.

 

Pero incendio no había, tal y como lo constataron los bomberos. Ya hasta llegué a creer que Roberto Sánchez Cerezo fue el que activo la alarma quemando unos periódicos cerca de un sensor o algo.

 

Hasta donde entiendo en el movimiento de Covafam, los dos millones de pesos que reclaman corresponden a una partida presupuestal que se asigna a las guarderías que cumplen con los requerimientos establecidos en la Ley 5 de Junio, referidos a las condiciones de seguridad que deben cumplirse para evitar tragedias como la de la Guardería ABC, y varias de las estancias infantiles cuyas directivas están en la protesta, no las cumplen.

 

Las negociaciones no están rotas, pero a los dos millones de pesos iniciales que reclaman, se han sumado otros dos del 2024 y otros dos de los siguientes presupuestos, incluso el del 2027 que todavía no siquiera se discute en el Congreso.

 

Tema complicado sobre el que conviene regresar con más detalles, incluyendo el de las broncas en que pudieran entrar los diputados y diputadas si se mantienen en desacato a la orden de un juez, que, creo, es el más serio de los problemas.

 

Yo nomás quise hacer un poquito de remembranza porque se me hizo muy curioso que algunos de los que sufrieron las travesuras sánchezcerezianas hace más de 30 años, las anden aplicando ahora que tienen, como dijo el mariguano, la bacha por donde no quema.

 

II

 

Como al caballo blanco, el gobernador Alfonso Durazo les soltó la rienda a quienes buscan la candidatura a sucederlo. Quien más, quien menos, los aspirantes de Morena y aliados a sucederlo en la gubernatura de tres años andan con la rienda suelta, moviéndose por todo el estado atizando la llama del activismo morenista para convocar a los 500 mil votos que se requieren para la continuidad del proyecto.

 

En ello no va la foto, sino la narrativa. Lorenia Valles recorre el estado apostando a la unidad y a la integración del movimiento; Javier Lamarque insiste en su condición de fundador, acaso sin saber que después de 12 años de la fundación de Morena, quizá los fundadores sean minoría; Célida López no le va a bajar ni una rayita y toma distancia de esa disyuntiva entre fundadores y no fundadores, poniendo en el eje de su discurso a “la gente”; Froylán Gámez ya se bajó a gastar suelo, sudor y saliva en territorio y Omar del Valle hace lo propio, sin encontrar la forma de vender, más allá de su segundo apellido, las verdaderas potencialidades de su capacidad y experiencia en asuntos de gobierno. María Dolores del Río tiene un esposo que -dijo- vale por 20 diputados, pero su esposo no es el precandidato.

 

III

 

Del frente opuesto no hay esa multiplicidad de opciones. El Toño Astiazarán es el que va sin vara y ayer estuvo en Guaymas, un municipio que gobernó entre el 2006 y el 2009, y donde se reunió con empresarios de ese puerto y de Empalme para presentar experiencias impulsadas en Hermosillo en materia de apoyo al emprendimiento, atracción de inversiones, digitalización de trámites, impulso a la energía solar y programas de fortalecimiento económico.

 

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